Desde la segunda mitad del año comenzó una disputa en el área política de nuestro país. Entre muchas otras, esta llamó particularmente la atención, ya que ha derivado en una serie de acciones que, desde la perspectiva de muchos, afecta lo que representa una república federal constitucional.

México, al igual que muchos otros países del mundo, está establecido como una república. Esto significa que tenemos un presidente y no existe una familia o grupo que herede el poder por lazos de sangre. Es federal, ya que está constituido por 32 estados y una capital que administra el poder.

Además, México es "constitucional", lo que significa que nos regimos por una serie de leyes y normas establecidas en un documento: la Constitución. Esta Constitución otorga derechos a los ciudadanos y establece obligaciones para la convivencia.

Por lo tanto, no hay nada por encima de la Constitución, ni un rey, ni un presidente, ni nadie. Sin embargo, a menudo perdemos la noción de esto debido a que es más común seguir a alguien que nos dice qué hacer o nos convence de lo que supuestamente nos conviene.

México no concentra el poder en una sola persona o grupo, sino que divide la labor de gobernar y hacer cumplir la ley a través de tres poderes representativos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

Puede sonar confuso o repetitivo si recordamos nuestras clases de Educación Cívica y Ética, pero es importante recordar estos puntos. Precisamente, esta separación en la toma de decisiones es lo que nos diferencia de un gobierno absolutista.





La pérdida de la paz por la polarización política y el caso del Poder Judicial

Durante el segundo semestre de 2023, comenzaron a surgir comentarios sobre el desempeño y el presupuesto de los órganos que componen el Poder Judicial.

El 6 de septiembre, el diputado Ignacio Mier Velazco, miembro del partido Morena, presentó una propuesta para el plan económico correspondiente al presupuesto general del próximo año, en la que se recortaban 25 mil millones de pesos al Poder Judicial.

Luego comenzaron los ataques directos por parte del presidente de la nación, de muchos de sus seguidores y de algunos medios de comunicación. Esto se centró en el desglose de la cantidad que se planeaba eliminar y en conceptos sospechosamente altos e injustificados a los que correspondía.

Estas cantidades exorbitantes se "gastaban" en cosas como restaurantes, lavandería, primas vacacionales superiores al promedio y pensiones vitalicias para ex funcionarios de alto rango. Argumentos que podrían indignar a cualquier mexicano promedio y hacerlo dudar sobre el tema.

Por lo tanto, en las últimas semanas, todo lo relacionado con este tema ha estado sin lugar a dudas en el ojo del huracán. Algunos defendiendo estas decisiones y otros defendiendo al Poder Judicial. Pero, ¿por qué el Poder Judicial necesita ser defendido?

¿Recuerdas la división de poderes? Es a través de esta separación del poder que se distinguen las funciones de cada uno de los órganos del gobierno. El presidente es la última figura que solemos considerar, el poder legislativo aprueba y revisa leyes, pero el poder judicial es el encargado de hacer que se cumpla la Constitución.

A diferencia de los otros dos actores en la escena política, el Poder Judicial no es elegido por voto popular. Los 11 ministros que componen el pleno y los jueces de los juzgados locales son seleccionados por su trayectoria y sus labores, y elegidos por la Cámara de Senadores.

A diferencia de los otros dos poderes, el Poder Judicial se debe exclusivamente a nuestra Carta Magna, independientemente de si es o no del agrado del ejecutivo o de los legisladores, que dependen del apoyo de grupos o individuos.

El sexenio en el que todos los mexicanos vivimos ha estado marcado por una serie de cambios, algunos buenos para algunos y cuestionables para otros. Pero una cosa es cierta: hacía muchos años que el país no convivía en un clima político tan polarizado.

Estamos constantemente bombardeados por propaganda sobre un partido en particular, una figura política y su postura, con un discurso tan fuerte que ha llegado a socavar la paz en la convivencia social. Nos encontramos en una situación en la que o estás de un lado o del otro.





Los antecedentes y las consecuencias del ataque al Poder Judicial

Para que una ley o decisión sea oficial, se requiere el consenso de al menos dos de los poderes en el país. Si uno de ellos tiene objeciones, no es posible que una propuesta avance en el proceso ni que sea aprobada.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ha representado, junto con todo el pleno compuesto por los 11 ministros, el papel de la oposición en más de una ocasión frente al presidente de la república y sus planes.

El 17 de octubre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el recorte de presupuesto al Poder Judicial, trasladando el caso a la Cámara de Senadores. Después de esta decisión, los trabajadores de todas las dependencias de este ramo organizaron una serie de protestas y paros laborales en el país.

La marcha oficial tuvo lugar el domingo 22 de octubre, donde se oponían a la desaparición de los 13 fideicomisos en disputa, los cuales correspondían a fondos de pensiones y prestaciones en materia de salud para los trabajadores.

También se argumentaba que este presupuesto es necesario para que las funciones en todas las sedes representativas del Poder Judicial puedan cumplirse correctamente.

En respuesta, el 23 de octubre, el presidente de la nación, durante su conferencia matutina, dijo que no estaba de acuerdo con los motivos de la manifestación, pero respetaba el movimiento, diciendo: "Tienen todo el derecho a expresarse y manifestarse".

Entre muchos de los argumentos en defensa del Poder Judicial, es importante destacar dos puntos:

El Poder Judicial actúa como mediador entre el poder legislativo y el ejecutivo, y esperar que priorice los deseos de uno de ellos por encima de la ley es anticonstitucional y va en contra de lo que representa una república.
Amenazar con disminuir o retirar el presupuesto de un órgano político es, de alguna manera, un acto de violencia e intimidación.
A pesar de que reconocemos que esto está mal, ¿por qué las personas que votan a menudo terminan aceptando o respaldando acciones de intimidación como estas? El periodista Salvador Camarena, en su columna "La Feria", argumenta sobre este tema.

México es un país hermoso y diverso, pero la corrupción en los servidores públicos es un problema que ha afectado a las personas en muchos aspectos. Desde la impunidad hasta el robo, aquellos que han tenido que enfrentarlo terminan teniendo una experiencia negativa con la justicia en el país.

México es un país muy grande y diverso, y creer que una sola persona puede representar los intereses de toda la nación es imposible. Como en la historia del grupo de ciegos que tocan un elefante y describen cosas diferentes del mismo animal, todos tienen un poco de razón y todos están equivocados al mismo tiempo.

El martes 24 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. ¿Qué consecuencias traerá consigo esta decisión?